Apenas habían transcurrido solo unas horas de darse a conocer el fallo del Tribunal Electoral capitalino para invalidar la elección en la alcaldía Cuauhtémoc, cuando desde la misma Mañanera y a pregunta expresa (por no decir sembrada) de un reportero aliado, el presidente Andrés Manuel López Obrador envío un claro “estate quieto” a la familia Monreal m, en especial para Ricardo Monreal para que no presione a los magistrados de la Sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a quienes les pidió resuelvan con plena libertad y revisen “con mucho cuidado” si realmente el asunto de violencia de género es motivo suficiente para anular la elección en la alcaldía Cuauhtémoc. Y mientras, la alcaldesa electa, Alessandra Rojo de la Vega anticipó que recurrirá a instancias superiores para defender su triunfo, la jefa de gobierno electa, Clara Brugada comentó que esperará al fallo de las respectivas instancias para reunirse con la alcaldesa electa tal y como lo hará con los demás titulares de las otras quince demarcaciones.
En riesgo la propiedad privada
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A inicios de esta semana, el jefe del gobierno capitalino, Martí Batres presentó un decreto de reforma al artículo 3 de la Constitución local, para armonizarlo con lo establecido en el artículo 27 de la Carta Magna federal en materia de propiedad privada, pública y social. Como era de esperarse, el tema ha generado sendas suspicacias sobre el impacto que esto tendría en las inversiones privadas en el ámbito inmobiliario, en especial si se toman en cuenta las disposiciones contenidas en el decreto para establecer topes al tema de rentas. Más de alguno se pregunta si la urgencia de esta reforma, que ya aparece en la Gaceta Oficial, es un intento del futuro responsable de ISSSTE por imprimirle un sello ideológico a su interinato o realmente el gobierno tanto federal como local traen algo entre manos contra los desarrolladores privados, muchos de los cuales han sido perseguidos por actores como Pablo Gómez, otrora miembro del partido comunista mexicano y ahora titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) – quien por cierto estuvo presente en el anuncio de Batres- por el tema del denominado cártel inmobiliario.
En riesgo triunfo de Casarín en Alvaro Obregón
Y cuando todo parecía terso en el proceso de transición en la alcaldía Alvaro Obregón, la Unidad de Fiscalización del INE acusó a Javier López Casarín, candidato electo, de rebasar los topes de campañas por más de un millón de pesos. Ahora el Consejo General del organismo deberá discutir el asunto, y en caso de obtener seis de los 11 votos, será enviado al Tribunal Electoral capitalino para que determinen la invalidez del triunfo. Por lo pronto, nos anticipan que existe una división de opiniones entre los once consejeros quienes tienen esta semana para determinar el caso. ¿La causa? El equipo jurídico de la hoy alcaldesa Lía Limón logró armar una carpeta muy bien detallada demostrando el delito electoral de su contrincante morenista.