Gracias a que el Congreso de la Ciudad de México dio su aval, el miércoles pasado, a una iniciativa que presentó la diputada Xóchitl Bravo Espinosa en contra de la violencia obstétrica, dirigida particularmente a favor de las mujeres indígenas, se podrá prevenir y poner fin al abuso verbal, humillaciones y hasta maltrato físico que padecen en hospitales y clínicas de la capital del país.

 

“Con la aprobación del dictamen, se podrá acabar con la supuesta inferioridad de las comunidades indígenas que ha imperado por años en nuestro país, así como con el clasismo y discriminación que sufre este sector de la población, pero sobre todo hacia las mujeres. Ya es tiempo de que la justicia social también llegue para ellas”, expresó la legisladora de Tlalpan.

 

Informó que el Pleno del Congreso local aprobó -con 40 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones- la propuesta que presentó el 8 de septiembre de este año, para modificar las leyes locales de Salud; de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, y de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con ese propósito.

 

En entrevista, recordó que la diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena, en representación de la presidenta de la Comisión de Salud, Circe Camacho Bastida, fue quien presentó la fundamentación del dictamen de su iniciativa contra la violencia obstétrica, en el marco de la Sesión Ordinaria del 14 de diciembre.

 

“Dentro de los derechos de las mujeres indígenas embarazadas, en labor de parto o puerperio que comúnmente son violados, en su intento por tener acceso a la salud, cobra especial relevancia que sufren de violencia obstétrica por parte del personal de ese sector, sobre todo de médicos y enfermeras”, reclamó.

 

Bravo Espinosa señaló que, si bien en la propia Ley de Salud local ya se define la violencia obstétrica, esta conducta es muy frecuente en los servicios del ramo en la capital del país, y que de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) millones de mujeres en México han sufrido este tipo de violencia.

 

“Entre 2011 y 2016, el 33.4 por ciento de las mujeres de 15 a 49 años que tuvieron un parto, sufrió algún tipo de maltrato por parte del personal que las atendió. La mayor proporción de casos reportados se encuentran en el Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Querétaro, según el reporte del INSP”, puntualizó la también Vicecoordinadora de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas (APMD).

 

Asimismo, explicó que los casos de violencia obstétrica más comunes son maltrato físico; humillación y abuso verbal; procedimientos autoritarios para imponer un método anticonceptivo a las mujeres o realizarles cesárea, y detención de las mujeres y los recién nacidos en las instalaciones hospitalarias ante la imposibilidad de pagar.

 

La diputada Xóchitl Bravo dio a conocer que según un reporte de 2014 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuatro de cada cinco mujeres indígenas son víctimas de violencia obstétrica.

 

“No sólo el personal médico y de enfermería, así como administrativo, las responsabiliza de recibir un trato deficiente por no hablar español, sino también las humillan y ridiculizan. Al solicitar los servicios de salud, padecen agresiones psicológicas, físicas y verbales durante el control de su embarazo o el parto”, recalcó.

 

Aseveró que el rol histórico de las mujeres ha sido encauzado hacia la sumisión, pero que ello se acrecienta en las mujeres indígenas, por lo que resulta prioritario contribuir a su sano desarrollo durante su etapa de embarazo, el parto y el puerperio.

 

Por último, agradeció a los integrantes de las Comisiones Unidas de Salud y de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, haber dado su aval a su iniciativa y que fuera presentada ante el Pleno.