Los dirigentes nacionales de los partidos Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, y de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano Grijalva, enviaron un comunicado conjunto con relación a la discusión legislativa por la reforma constitucional, que busca prolongar hasta 2028 la presencia militar en tareas de seguridad pública.
Los líderes del PAN y PRD enviaron un amplio reconocimiento a las y los legisladores de oposición, diputados y senadores, que se manifestaron en contra de la reforma constitucional, «que prolongaría más allá de este sexenio la fallida estrategia de seguridad de los abrazos y de la militarización del país», señalan.
Agregaron que prorrogar un artículo constitucional incumplido significa ir en contra de la propia Constitución.
- «Los felicitamos por el deber cumplido, por resistir a las presiones y por defender a México con argumentos sólidos».
Es evidente que el bloque de contención en el Senado de la República, conformado por los Grupos Parlamentarios de oposición, contaron con los votos suficientes para evitar que se aprobara esta reforma constitucional militarista, y por eso el gobierno y Morena optaron por regresarla a comisiones y así ganar tiempo en su intención por conseguir los apoyos que les faltan, mediante múltiples presiones y ofrecimientos, incluye en sus líneas el comunicado conjunto del PAN y PRD.
«Denunciamos públicamente que el gobierno no ha dudado en utilizar las instituciones del Estado de manera coercitiva, a fin de amedrentar a los legisladores. Estas prácticas vulneran totalmente la autonomía del Poder Legislativo, anulan los contrapesos institucionales e implican un golpe más a nuestro sistema democrático», dice en otra parte el comunicado.
Marko Cortés y Jesús Zambrano dijeron confiar en la firmeza de las senadoras y los senadores de oposición «para que, en definitiva, rechacen dicha minuta de reforma constitucional, y así blindemos nuestra democracia y garanticemos el respeto a los derechos humanos».
Además propusieron que, en parlamento abierto y escuchando a expertos y especialistas en la materia, se construya una verdadera estrategia y modelo de seguridad pública civil, que logre disminuir la creciente violencia e inseguridad en el país y que, como lo mandata la Constitución, en situaciones específicas pueda contar con el acompañamiento de las Fuerzas Armadas. «Tenemos tiempo suficiente para hacerlo, ya que el plazo vence a finales de marzo del 2024» cierra el comunicado.