Consigue PRD visibilizar a mujeres ind{igens y afroamexicanas en leyes que sancionan la violencia obstétrica

• La “pertinencia cultural”, concepto superado, fue sustituido por “perspectiva intercultural” que determina que las necesidades específicas de las mujeres indígenas y afromexicanas, deben ser tomadas en cuenta en el momento de diseñar las políticas públicas
• De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública, entre 2011 y 2016, el 33.4% de las mujeres de 15 a 49 años que tuvieron un parto, sufrió algún tipo de maltrato por personal que las atendió. La mayor cantidad de casos reportados se dan en el Estado y Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Querétaro
• Respalda PRD modificaciones a dictamen por el que se reforman y adicionan diversos artículos de las leyes generales de Salud, y de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Tras enfatizar que millones de mexicanas embarazadas, en labor de parto y puerperio han sufrido violencia por parte de médicos o personal de enfermería; el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a través de la diputada Gabriela Sodi Miranda, logró modificaciones en la ley al término “pertinencia cultural” por el de “perspectiva cultural”.

Esto significa que México pasa del modelo “paternalista”; a uno moderno que exige la incorporación de ellas a los debates y la toma de decisiones desde una perspectiva de “igualdad de derechos y oportunidades” al momento de diseñar las políticas públicas que también les atañen.

Sodi Miranda sostuvo que el PRD está a favor de las modificaciones legales que dignifiquen a las mujeres y, en esta ocasión, se dio el caso cuando la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, presentó a consideración del Pleno un Dictamen para modificar las leyes generales de Salud y de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de sancionar la “violencia obstétrica” ejercida por profesionales de la salud (predominantemente médicos y personal de enfermería) hacia embarazadas, en labor de parto y el puerperio.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), la violencia obstétrica “constituye una violación a los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres”.

Es definida como: “una forma específica de violencia” muy concurrida pues “millones de mexicanas la han experimentado: Entre 2011 y 2016, 33 de cada cien mujeres de 15 a 49 años que dieron a luz, sufrieron algún tipo de maltrato por parte del personal que las atendió. La mayor proporción de casos reportados se encuentran en el Estado y la Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Querétaro”.

Además del maltrato físico y verbal, la práctica injustificada de cesáreas figura como otra de las formas de violencia en la atención obstétrica ya que, en nuestro país, de las 3.7 millones de mujeres a las que se practicó dicho procedimiento quirúrgico, el 10.3 por ciento no fue informada de la razón; mientras que al 9.7 por ciento no les pidieron su autorización para realizarla”. De ahí la importancia de las modificaciones legales avaladas este martes por los grupos parlamentarios.

La reserva presentada por la diputada Sodi y avalada por el Pleno, cambió el término: “Pertinencia cultural” por: “Perspectiva intercultural”, con el objeto de garantizar los derechos de las mujeres rurales, particularmente las indígenas y afro mexicanas.

El término “pertinencia cultural” -justificó la perredista- además de ser generalizado, no especifica la posición de la mujer como unidad, es un concepto ya superado sociológicamente por ser considerado como paternalista y violentador de los derechos humanos de quienes culturalmente tienen usos y costumbres distintos a los de la mayor parte de la población. Fue definido como “la forma correcta” en la que debemos comportarnos al interactuar con indígenas debido a que sus protocolos de interacción no son los mismos que usa la población mestiza.

Sin embargo, explicó la también presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, “no podemos seguir tratando a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos de esta manera. Es por ello que propongo -desde una perspectiva integradora y respetuosa de los derechos humanos- que la reforma señale que: ‘las políticas se diseñarán con una perspectiva intercultural con objeto de la mujer’, lo cual garantiza el respeto a las garantías individuales de las indígenas y las afro mexicanas que no habían sido consideradas en la legislación”.

“A partir del reconocimiento de la diversidad, la igualdad de derechos y la equidad; en una interacción positiva y el diálogo intercultural, damos certeza a todas las mexicanas -en su diversidad- en la Ley General para una Vida Libre de Violencia”, finalizó.

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