La alcaldía Miguel Hidalgo acusa omisiones y simulación de verificaciones en obra irregular
La alcaldía Miguel Hidalgo presentó una denuncia penal por corrupción y abuso de funciones en contra del ex alcalde Víctor Hugo Romo y su ex director jurídico, por presuntas irregularidades en la demolición de un inmueble ubicado en Moliere 88.
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De acuerdo con el comunicado oficial, los ex funcionarios habrían permitido la demolición sin permisos de un predio que se encontraba bajo el Acuerdo de Facilidades Administrativas para la Reconstrucción tras el sismo de 2017, lo que constituye una posible violación a la normativa vigente.
Omisiones y falta de cumplimiento legal
La denuncia, presentada ante la Fiscalía para la Investigación de los Delitos cometidos por Servidores Públicos, señala que durante la administración 2018-2021 no se exigieron requisitos indispensables para la demolición.
Entre ellos destacan:
- Licencia especial de demolición
- Programa de demolición del predio
- Póliza de responsabilidad civil
- Programa interno de protección civil
Según la alcaldía, no existe evidencia documental en los archivos que acredite el cumplimiento de estos requisitos, lo que refuerza las acusaciones de irregularidades administrativas.
Simulación de verificación y caducidad del proceso
Uno de los puntos centrales de la denuncia es la presunta simulación en la verificación de la obra.
Aunque en 2020 se emitió una orden de visita, esta no se ejecutó dentro del plazo legal, lo que provocó la caducidad del procedimiento y evitó que se sancionara al desarrollador por la demolición ilegal.
Además, se señala que el entonces alcalde fue advertido desde 2019 por la Comisión para la Reconstrucción, la cual indicó que no podían realizarse trabajos sin cumplir con los permisos correspondientes.
Acuerdo de reconstrucción no exime permisos
El gobierno actual de la demarcación subrayó que el Acuerdo de Facilidades Administrativas únicamente otorgaba beneficios fiscales, pero no exentaba del cumplimiento de licencias, permisos y autorizaciones establecidas en el Reglamento de Construcciones.
A pesar de ello, los trabajos se llevaron a cabo sin cumplir con estos lineamientos, lo que derivó en la actual acción legal.
Clausura de obra y posibles sanciones
Como parte de las acciones recientes, la alcaldía informó que la obra edificada fue clausurada por incumplir la ley.
De acuerdo con el Código Penal de la Ciudad de México, el delito de ejercicio abusivo de funciones puede ser castigado con penas de cinco a 20 años de prisión, las cuales podrían aumentar si se comprueban los actos de corrupción denunciados.