Legisladores capitalinos celebran que se fortalezca el Estado de Derecho y se priorice el interés público
Las diputadas y diputados de Morena y del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso de la Ciudad de México expresaron su respaldo a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que este jueves desechó diversos recursos promovidos por empresas del Grupo Salinas, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, relacionados con créditos fiscales millonarios.
De acuerdo con las y los legisladores, esta resolución obliga al empresario a saldar los impuestos adeudados desde hace varios años, una cifra que supera los 33 mil millones de pesos.
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“Triunfo del interés público”, afirman Morena y PT
Los grupos parlamentarios señalaron que la determinación del máximo tribunal confirma que los créditos fiscales deberán ser cubiertos sin más dilaciones, poniendo fin a los intentos de evadir una responsabilidad que millones de contribuyentes cumplen puntualmente.
Sostuvieron que la decisión representa un triunfo del interés público sobre los privilegios indebidos, subrayando que en México “ya no hay espacio para excepciones fiscales ni para quienes pretenden retrasar lo que corresponde al erario”.
Pago de impuestos: obligación constitucional y moral
Las y los diputados recordaron que el pago de impuestos es una obligación constitucional y moral, pues estos recursos pertenecen al pueblo y resultan fundamentales para financiar infraestructura, servicios públicos y programas sociales.
Asimismo, destacaron que la resolución de la SCJN envía un mensaje contundente: la ley es para todas y todos, y ningún poder económico puede situarse por encima de la justicia.
Compromiso con la transparencia y el patrimonio público
Las bancadas de Morena y PT reiteraron su compromiso con la transparencia, la responsabilidad fiscal y la defensa del patrimonio colectivo, asegurando que la decisión fortalece a la nación y protege los recursos públicos.
Finalmente, afirmaron que la resolución refleja el avance hacia una verdadera procuración y administración de justicia, en consonancia con la voluntad expresada en las urnas el pasado 1 de junio.