Legisladora del PAN acude a la Fiscalía tras recibir resolución favorable del IECM
La diputada panista Laura Álvarez presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México contra los diputados de Morena Víctor Hugo Romo y Cecilia Vadillo, a quienes acusa de violencia política en razón de género. La acción se da días después de que el Instituto Electoral de la CDMX (IECM) admitiera su queja y dictara medidas cautelares a su favor.
El IECM inició un Proceso Especial Sancionador contra ambos legisladores y el partido Morena, al certificar publicaciones, declaraciones y una rueda de prensa en las que, según la autoridad, se ejerció violencia política contra la diputada. El órgano electoral consideró que existían elementos suficientes para acreditar afectaciones a sus derechos políticos.
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Acusaciones misóginas y difamatorias, señala la diputada
Álvarez afirmó que Romo y Vadillo difundieron acusaciones ofensivas, falsas e infundadas, además de expresiones misóginas que buscan dañar su reputación y minimizar su trayectoria. Subrayó que su lucha no es individual, sino la de miles de mujeres que exigen respeto y reconocimiento a su esfuerzo.
“No me voy a quedar callada ni de brazos cruzados. No somos ‘esposas de’, somos lo que cada una decide ser”, dijo, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
La legisladora calificó como incongruente que los diputados de Morena participen en eventos contra la violencia de género “mientras ellos mismos violentan y agreden”.
“No me voy a dejar”: Álvarez busca sanciones e inhabilitaciones
Álvarez sostuvo que a los diputados denunciados les incomodó que rindiera su Informe de Actividades, reaccionando con ataques al no tener argumentos políticos. Recordó que tiene más de 20 años de servicio público, trabajando contra la corrupción y a favor de mujeres emprendedoras y la seguridad de niñas y niños.
Consideró profundamente misógino insinuar que su trayectoria se debe a un hombre. Por ello, además de la resolución favorable del IECM, ahora busca que FEPADE actúe para que “este tipo de violentadores no ocupen cargos públicos”.
Las sanciones en casos de violencia política sistemática pueden incluir inhabilitaciones para candidaturas, cargos partidistas y puestos de designación.