El Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México exigió a la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, esclarecer el creciente número de decretos de expropiación registrados en su administración, que suman ya 24 en menos de ocho meses.

El llamado fue encabezado por el diputado Diego Garrido, quien presentó un Punto de Acuerdo para que la mandataria capitalina rinda cuentas sobre el origen, características y situación legal de los inmuebles expropiados, así como los fundamentos con los que particulares o asociaciones han solicitado dichas intervenciones.

«Quieren quitarle su casa a los capitalinos»: oposición arremete contra Morena

Durante la discusión en tribuna, la diputada panista Laura Álvarez Soto acusó a Morena de mantener una política que busca apropiarse de viviendas con fines políticos:

“Estos señores de la 4T llevan décadas lucrando con el tema de la vivienda. No buscan ayudar, sino hacerse millonarios despojando a los propietarios”, expresó.

Álvarez incluso vinculó esta política con modelos de países como Cuba y Venezuela, asegurando que la 4T busca eliminar la propiedad privada como principio ideológico.

Por su parte, Garrido alertó sobre un presunto uso de la expropiación para construir departamentos dirigidos a líderes invasores y clientelas electorales, más que para atender necesidades sociales legítimas.

PAN denuncia falta de transparencia en casos como el de la colonia Anáhuac

Uno de los ejemplos señalados fue el caso del predio en la colonia Anáhuac I Sección, en Miguel Hidalgo, expropiado el pasado 14 de mayo, en el que Morena argumentó que la petición provino de los propios habitantes. Para los legisladores del PAN, este caso refleja opacidad y manipulación de información.

“Morena dice que es el pueblo quien pide la expropiación, pero no hay claridad en los procesos ni en los intereses detrás de cada caso”, indicó Álvarez.

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“Con tu casa no se van a meter”: mensaje del PAN a los capitalinos

En respuesta al avance de estos procesos, el PAN advirtió que defenderá el derecho a la propiedad privada, acusando al gobierno de Clara Brugada de actuar con violencia institucional contra los propietarios legítimos.

“Con tu casa no se van a meter, ese es nuestro mensaje a todos los citadinos”, concluyó el grupo parlamentario, que además pidió garantizar el debido proceso legal en cada caso de expropiación.