Cuautla, Morelos.– En cumplimiento al compromiso asumido por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su reciente visita a Cuautla, el pasado 18 de mayo inició la operación Mando Coordinador “Cuautla”, una estrategia de seguridad pública interinstitucional que reúne esfuerzos de los tres niveles de gobierno para reducir la incidencia delictiva en la región oriente de Morelos.
El operativo representa una acción prioritaria del nuevo gobierno federal, orientada a garantizar la tranquilidad de las y los morelenses mediante patrullajes, inspecciones y tareas de proximidad social, especialmente en zonas con altos índices de violencia.
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Más de 1,500 elementos desplegados
Durante la conferencia de prensa matutina sobre seguridad, Miguel Ángel Urrutia Lozano, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detalló que participan mil 562 elementos distribuidos de la siguiente manera:
- 726 de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)
- 726 de la Guardia Nacional (GN)
- 100 de la SSPC
- 10 agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE)
La operación es liderada por un general de la Guardia Nacional y está basada en un modelo de cooperación táctica sin subordinación jerárquica, lo que permite una mejor articulación entre las distintas corporaciones.
Patrullajes, inspecciones y proximidad social
Las autoridades han establecido una coordinación permanente desde el C2 Municipal, permitiendo una operación en tiempo real con acciones de inteligencia, lo que fortalece la respuesta inmediata y la cobertura territorial.
Urrutia Lozano informó que se están realizando patrullajes motorizados y a pie, inspecciones ciudadanas y recorridos calle por calle con énfasis en combatir delitos como extorsión, robo de vehículos, atracos a comercios y delitos en el transporte público.
“La paz en Morelos no es negociable”
El titular de la SSPC enfatizó que “la paz y la tranquilidad en Morelos no son negociables”, y reafirmó la voluntad del Gobierno del Estado de trabajar de forma conjunta con la Federación para restablecer el orden, proteger a las familias y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones.
Esta estrategia representa un precedente nacional en colaboración entre gobiernos y marca el inicio de una nueva etapa en la política de seguridad pública en el país.