El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no sólo validó que los cambios a los estatutos del PRI se hicieran en medio del proceso electoral, sino que también consideró que éstos son legales y no hay nada en la Constitución que prohíba la reelección.
El proyecto de la magistrada Janine Otálora Malassis fue rechazado con tres votos en contra y dos a favor, el cual proponía invalidar las modificaciones a los documentos básicos del Revolucionario Institucional, por lo que Alejandro “Alito” Moreno podrá seguir como dirigente nacional de este partido hasta por cuatro años más.
El Tribunal Electoral Federal del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró hoy la procedencia constitucional y legal de las reformas a los Estatutos, Declaración de Principios, Programa de Acción y Código de Ética Partidaria aprobados en la XXIV Asamblea Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y, con ello, ratificó la dirigencia nacional de este instituto político, encabezada por Alejandro Moreno y Carolina Viggiano.
Durante la discusión del proyecto de la magistrada Janine M. Otálora Malassis, que se pronunciaba en contra, el magistrado Felipe Fuentes Barrera sostuvo que no hay ningún impedimento constitucional para la reelección de las dirigencias de los partidos políticos, al señalar que ello no significa que las personas se perpetúen en el cargo.
Citó el caso de varios institutos políticos en los que la reelección de las dirigencias se encuentra establecida.
Al asumir jurisdicción plena y analizar los documentos básicos del partido y el proceso que se llevó a cabo para su aprobación en la Asamblea Nacional celebrada el pasado 7 de julio, el magistrado Fuentes Barrera y la Presidenta del TEPJF, magistrada Mónica Soto Fregoso, estuvieron de acuerdo en su constitucionalidad y se pronunciaron por la protección de los derechos de la militancia del PRI.
Se estableció que las modificaciones a los documentos básicos del partido se crean obligaciones partidistas y se modifican órganos de dirigencia, en ejercicio de su libertad de auto-organización y autodeterminación. Es decir, se consideró que las reformas del PRI se hicieron conforme a Derecho al emitir las normas que regulan su vida interna.
