Pedro Hugo Montero
La utilización de la justicia con fines políticos en México ha sido un problema histórico que persiste hasta la actualidad. A pesar de las reformas y los esfuerzos para fortalecer la independencia judicial, la politización de la justicia sigue siendo una preocupación que afecta la confianza pública en las instituciones legales. Es crucial continuar trabajando para garantizar un sistema judicial imparcial y transparente, libre de influencias políticas indebidas. Benito Juárez captó la complejidad de la justicia en el contexto político con su frase: «A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas.»
Este contexto es particularmente relevante en el caso del exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, quien enfrenta acusaciones de corrupción y peculado derivadas de dos denuncias presentadas ante la Fiscalía del Estado en 2022. Aunque se había emitido una orden de aprehensión en su contra por un juez penal de primera instancia en Chihuahua, Corral no fue detenido debido a la intervención de Ulises Lara, titular de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México (CDMX). Lara impidió la detención a pesar de que la subdirectora de Control y Seguimiento a Ordenamientos Judiciales de la FGJCDMX, Brenda Cruz Ibarra, había autorizado el cumplimiento de la orden de aprehensión.
Lara llegó al lugar de la detención a oponerse al arresto, trasladó al exmandatario en un vehículo supuestamente hacia la Fiscalía de la CDMX para su protección. ¿Podría considerarse esto una obstrucción de la justicia? Según el abogado penalista Gabriel Regino, entrevistado por Azucena Uresti, sí: «Cuando una autoridad como el encargado de la Fiscalía se opone e impide el cumplimiento de una orden judicial, se configura un hecho delictivo denominado ‘negación del servicio público’. Lara tenía la obligación de colaborar, ya que había un mandato judicial para ello«, afirmó Regino.
Por otra parte la diputada Federal priísta, Cynthia López, señaló, “Lo que me parece incorrecto es que la Fiscalía de la Ciudad de México emita un comunicado para advertir que no colaborará en la detención; entonces, ¿Qué pasa con este gobierno impecable, en un gobierno de la transparencia cuando es detenido y la fiscalía saca las manos?”.
Reflexionemos un poco, ¿Por qué actuó Lara de esta manera? ¿Fue por amistad, deber, o alguna instrucción superior? ¿O fue por ignorancia o soberbia? El propio Javier Corral ofreció su perspectiva en su cuenta de X, señalando: «Si en Chihuahua las instituciones del sistema de justicia no estuvieran cooptadas por la gobernadora, quien a su vez está sometida al control y chantaje de César Duarte Jáquez y Manlio Fabio Beltrones, sería evidente que esto es una persecución política en mi contra. Se me acusa de corrupción por haber combatido la corrupción«.
Incluso el presidente López Obrador se pronunció sobre el tema en su conferencia matutina, defendiendo a Corral y respaldando su narrativa de persecución política. «Resulta que la actual gobernadora de Chihuahua y el exgobernador Duarte están aliados contra Corral, porque Corral fue quien promovió las acusaciones contra Duarte. Duarte tuvo que irse a Estados Unidos, fue detenido, extraditado a Chihuahua y luego liberado. Esto parece una especie de venganza«, afirmó AMLO.
«¡Y ahora, prepárense para ver la increíble habilidad y destreza de nuestro malabarista Ulises Lara!» Durante la conferencia de prensa virtual de este jueves, Lara abordó el caso de la detención del exgobernador Javier Corral. En su declaración, Lara afirmó: “Bajo ninguna circunstancia se trató de un rescate, como erróneamente y maliciosamente se ha señalado. Cumplimos estrictamente con la ley como nos fue conferido. La aprehensión de una persona sin agotar las formalidades esenciales del procedimiento constituye una privación ilegal de la libertad”.
Sin embargo, la realidad, terca cómo es, presenta un panorama diferente, como se ha señalado en párrafos anteriores.
El oficio FGJCDMX/DGSSOJ/SCSOJ/7802/08-2024, emitido por Omar Castañeda Barenque, Director de Atención y Cumplimiento de Ordenamientos Judiciales, señala: «A los elementos comisionados se les concede del 14 al 20 de agosto de 2024 para dar cumplimiento a su cometido. El personal, portando las armas detalladas en el oficio de colaboración, deberá viajar vía aérea y queda debidamente exhortado para informar a esta Dirección General sobre el resultado del cumplimiento del mandamiento judicial«.
A pesar de esta información, Lara reveló que Javier Corral decidió acompañarlo a la FGJ CDMX y, posteriormente, se retiró por su propio pie al no contar con la orden de detención correspondiente, en otras palabras, “lo dejó en libertad”.
Esta actitud cínica y prepotente de Lara coloca a Clara Brugada en una situación difícil. Por un lado, ella debe seguir la línea establecida desde Palacio Nacional, apoyando a la nueva administración que recibió a exgobernadores de otros partidos y había considerado a Corral para liderar la Agencia Nacional Anticorrupción. Por otro lado, las ilegalidades fomentadas por Lara podrían sentar un mal precedente, no solo al solapar la ilegalidad, sino también al promover la impunidad y poner en riesgo los convenios de colaboración para la aplicación de la justicia.
Este episodio no afecta significativamente a Corral, quien sigue adelante para conseguir su escaño en el Senado, lo que le garantiza impunidad durante seis años. Si Sheinbaum decidiera prescindir de sus servicios, demostraría un verdadero interés en combatir la corrupción. Sin embargo, al perder ese puesto, Corral ha ganado, al igual que Lara.
Mientras tanto, los ciudadanos de a pie, al igual que la selección mexicana de fútbol, seguimos perdiendo como siempre.
