El 16 de julio de 2024, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, presentó una Reforma a la Constitución de la Ciudad de México en materia judicial, en el contexto de los foros sobre la Reforma al Poder Judicial, es válido, tiene que buscar atención frente a los nombramientos que aún tiene pendientes por hacer públicos la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y mostrar su lealtad a AMLO para que de ser posible lo recomiende como lo ha hecho con otros funcionarios.
Independientemente de que fue una lista de buenos deseos, más bien se tratan de «buenas intenciones», si de esas que hacen el camino al infierno, se percibió que más bien utilizó un cañón de confeti, para que le cayera en la cabeza y auto festejarse en presencia de su hermana Lenia, en su calidad de ministra; el fiscal, el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso, consejero jurídico, jueces y magistrados, subordinados a él, así como sus amigos, hasta ahí se entiende la necesidad de fortalecer su ego.
Señaló que la propuesta la envió al Congreso capitalino y según él plantea que ningún juez le otorgue la libertad a presuntos criminales que, a su consideración, fueron víctimas de detenciones ilegales o procesos irregulares y que con ello, se ignore su historial delictivo y los exima de ser encarcelados, entendible y alineado a la política de abrazos y no balazos y a lo que todos los días desde la mañanera es señalado por el presidente en su andanada contra el Poder Judicial, lo tiene que hacer por dogma, se supone que Batres además de político es abogado.
Según él, desde su perspectiva, falta sentido de justicia en las resoluciones que toman las autoridades judiciales en los casos locales y federales, sin reconocer que lo que está mal es el procedimiento de sustentación de los casos con pruebas admisibles, sólidas y un debido proceso.
“Se aborda el tema de los fines y los objetivos de la administración e impartición de justicia desde una perspectiva social, todo esto encaminado a que, como ya dije, los fines se pongan por delante de las formalidades secundarias”, detalló.
¿Es en serio? debería respaldar esto con sus propios actos, y estar en línea con esos preceptos, para ser creíble, por ejemplo el tema de la función judicial se regirá por los principios de legalidad y honradez, accesibilidad, transparencia, máxima publicidad y rendición de cuentas”, esto ya se dice, pues como que al tema de la transparencia, al igual que su líderes con los que se quiere congraciar, le causa molestia, sobre todo cuando él debe de cumplir, un juez federal ordenó al Gobierno de la Ciudad de México entregar toda la información respecto a la contaminación del agua en la alcaldía Benito Juárez, misma que ha pretextado creativamente para no entregarla.
Luego propuso agregar el siguiente párrafo, que es muy puntual: “Aunado a lo anterior, en la función jurisdiccional se observarán los principios de igualdad sustantiva, justicia restaurativa y justicia redistributiva. De tal manera que las formalidades no esenciales del proceso nunca estén por encima de la aplicación y los fines de la justicia social, a fin de que impere un sistema auténtico que garantice y favorezca la tutela efectiva, sin dilaciones indebidas de los derechos humanos, especialmente de grupos sociales y personas que se encuentren en situaciones de pobreza, exclusión, marginación, desigualdad, discriminación o desventaja social”.
Si realmente creyera en esos principios, ahora que aún es Jefe de Gobierno, si quisiera, atendería y resolvería las súplicas de colonos de Iztapalapa, la Merced, Cuauhtémoc y Azcapotzalco en su demanda de reubicación de migrantes que habitan campamentos instalados en al menos 6 puntos de la vía pública en la CDMX, y a los propios migrantes, recordemos que López Obrador les abrió las puertas en 2018, eso se percibe como incongruencia y si revisas su actuar puntualmente, tampoco le crees.
La narrativa que manejó para los medios, trató de ser llamativa, aunque inverosímil, denotando una vez más, su ignorancia, y/o que lo que menos le interesa es el cumplimiento de la Ley, o la procuración de justicia y de una forma “manipuladora” enfrenta a la ciudadanía contra el Poder Judicial supuestamente poniéndose del lado de las víctimas, y culpando a los jueces de las ineficiencias de todo el proceso, desde la presentación de los presuntos delincuentes, la atención de los ministerios públicos, la integración de la carpeta de investigación, que ahí la falla es mayoritariamente de la fiscalía, porque la corrupción dentro de la misma es como la materia, no se crea ni se destruye, sólo se transforma, por ejemplo, intencionalmente dejan errores en la integración, que saben que no tendrá sustancia y será desechada por obviedad jurídica, probablemente hasta sean cómplices.
Entonces cuando por fin logran judicializar un caso, no tienen los elementos suficientes, ni pruebas relevantes, y basan su defensa en puros rumores, pero si la víctima presenta sus pruebas incluso osan cuestionarlas y mejor irse contra el denunciante, en vez de procurar la justicia, pero al no tener lo mínimo para sustentar el caso obviamente es desechado porque es notoriamente improcedente, y su reacción en vez de completar con investigación y recolección de pruebas, salen a protestar ante medios contra los jueces y señalarlos injustamente como culpables de la liberación de delincuentes, cuando la culpa es de los organismos involucrados, aunque se digan independientes.
Entonces si una carpeta está mal hecha, ya sea intencionalmente o por omisión, o porque el personal no está debidamente seleccionado y capacitado, entonces la liberación de presuntos delincuentes no depende de un juez, sino de los funcionarios que trabajan para la fiscalía ¿la culpa es de los jueces? O ¿de los fiscales?
Entre estos supuestos, por dogma de las mañaneras, la sociedad se muestra contra la autoridad judicial y esta podría reaccionar por temor al escarnio a sentenciar sin fundamento y violando las garantías jurídicas de todos los mexicanos.
En conclusión, lo que propone Batres, es que los jueces violen la Ley sin el menor empacho.
Pedro Hugo Montero Vázquez
Consultor en Comunicación y Estrategias