• El Código Penal federal establece que el delito de tráfico de influencia se castiga con una pena de dos a seis años de prisión.

El PAN en el Congreso CDMX considera que, la “casa MORENA” en Estados Unidos y, en la cual vive el hijo mayor de López Obrador, debe ser investigada por la Fiscalía federal, al igual que a todos los integrantes de la familia presidencial por posible tráfico de influencias.

Así lo determinaron este martes, los diputados locales Gonzalo Espina y Federico Döring, quienes plantearon que la autoridad competente indague a la empresa Baker Hughes, a través de su representante legal en México, a efecto de que se deslinden responsabilidades penales.

“La Fiscalía General de la República tiene la oportunidad histórica de demostrarle a las y los mexicanos que no existen intocables, así como ejercer su autonomía frente al Poder Presidencial”.

Espina y Döring, añadieron que la fiscalía federal debe hacer una investigación seria, respetando en todo momento la presunción de inocencia de las personas a las que se refiere la solicitud.

“Y en caso de encontrar indicios razonables en las conductas que se describen, vayan hasta el fondo de un asunto que genera sospechas en la sociedad y que puede ser el principio de actividades ilícitas cometidas en el círculo íntimo del Presidente de la República”.

Los panistas refirieron que varios medios de comunicación, han revelado como Carolyn Adams Solano, así como su esposo e hijo del Presidente, José Ramón López Beltrán, viven en una propiedad de más de dos mil 500 metros cuadrados.

Actualmente los integrantes de la familia presidencial de referencia, viven en un fraccionamiento lujoso de reciente construcción en Houston Texas, en una vivienda de más de mil 100 metros cuadrados, en donde una vivienda puede costar entre 13 y 19 millones de pesos.

“Lo delicado de la situación no reside en la incongruencia entre lo que el Presidente pregona que es la austeridad y lo que su círculo intimo hace; cualquier persona tiene el derecho de vivir en donde sus medios económicos le permitan. Sin embargo, es de llamar la atención que, en el caso de la primer vivienda referida, los documentos oficiales dados a conocer por una investigación periodística y la Asociación Civil Mexicanos contra la Corrupción, detallan que la propiedad es del dueño de la empresa petrolera Baker Hughes; compañía que actualmente tiene un contrato con Petróleos Mexicanos por una suma mayor a los 151 millones de pesos, además de que, es una de las principales empresas beneficiarias en uno de los mega proyectos de este gobierno conocido comúnmente como “Refinería dos bocas”.

Lo anterior podría ser escandaloso pero imperfecto en cuanto a un probable ilícito de corrupción; pero la presunción y sospecha razonable, cobra sentido cuando, la Carolyn Adams nuera, del Presidente de la República ha sido trabajadora de diversas empresas del ramo petrolero; por poner un ejemplo, Carolyn Adams fue empleada de la empresa petrolera Shell, empresa a la que el Gobierno Federal en fechas recientes le compró la refinería conocida como “New Park” en Texas.

El Código Penal federal, en el título décimo “Delitos por hechos de corrupción”, en el apartado en comentario se incluye la figura típica del delito de tráfico de influencia, el cual, en sus fracción IV, al castigar al tráfico de influencias con una pena de prisión de dos a seis años de prisión.