La mañana de este martes, un grupo de elementos de la Policía Estatal poblana, acompañaron a oficiales de la Fiscalía General de la República a la Universidad de las Américas Puebla, a llevar a cabo una orden de cateo y auditoría en contra de la universidad poblana.

Este martes las autoridades locales y federales arribaron al inmueble ubicado en San Andrés Cholula, donde con una orden girada por las autoridades judiciales, accedieron a la universidad, misma que se encontraba en un litigio legal. Según fuentes extraoficiales habría sido el pasado 28 de junio cuando las autoridades federales restituyeran a la Fundación Universidad de las Américas Puebla el dominio legal de la UDLAP, quitando el poder que ejercía la Fundación Mary Street Jenkins, sobre la prestigiada casa de estudios, y que se iniciara inmediatamente una auditoría legal, fiscal y contable de la administración de dicha Universidad.

La anterior resolución se da luego de que el pasado 4 de junio, un Juez de Control del Estado de Puebla emitiera órdenes de aprehensión en contra de varios miembros de la familia Jenkins y sus abogados, sumándose a las órdenes de captura que ya existían contra ellos desde febrero de este año, ello por el desfalco de más de 700 millones de dólares de la fundación Jenkins.