Concejales del PAN y del PRI en Miguel Hidalgo llamaron al Congreso local a reponer el proceso respecto a los cambios de uso de suelo aprobados por Morena en la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, en los predios ubicados en las colonias Granada y Ampliación Granada, al considerar que no se publicitó ni se consultó a las y los vecinos de la zona.
Los predios que los concejales María Gabriela González Martínez, Alberto Burgoa Maldonado y Lucía Ruiz de Teresa de Alzúa señalan están ubicados en Ejército Nacional 769 y 843, así como Moliere 525 y Río San Joaquín 498, estos dos últimos, en Ampliación Granada.
“Es necesario que la Alcaldía Miguel Hidalgo y la Secretaría de Desarrollo urbano y de Vivienda, así como el presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda, involucren a las y los vecinos para generar una verdadera participación ciudadana y se garanticen todos y cada uno de los derechos que la Constitución local otorga”, indican en un oficio enviado el viernes pasado a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la CDMX, Margarita Saldaña.
Por ello, solicitaron a la Presidenta de la Mesa Directiva enlistar su petición en la parte de Comunicados para su lectura ante el pleno del Congreso CDMX el próximo martes 9 de febrero, a fin de que no sea enlistado en ningún orden del día de las Sesiones Ordinarias este dictamen, en tanto no se subsanen las omisiones al procedimiento.
Los representantes vecinales, señalaron que se vulneran los derechos constitucionales de la participación ciudadana.
“A los vecinos que habitan en las colonias, donde se encuentran los predios que se pretende cambiarles el uso de suelo no están de acuerdo y deben ser consultados para alcanzar una conciliación”.
Advirtieron que las opiniones se emitieron a título personal de funcionarios de MH, en este caso, de personal de la Dirección General de Jurídico y Gobierno y no del alcalde Víctor Hugo Romo.
“Las opiniones no fueron consultadas ni aprobadas por el Concejo de la Alcaldía, como lo mandatan el artículo 53 apartado C, numeral 3, fracción 4 de la Constitución y el artículo 104 fracción IV de la Ley de Alcaldías”, concluyeron al insistir en el deber legislativo de subsanar esta ‘chicanada’.