Diputada Xóchitl Bravo respalda límites a jubilaciones excesivas para destinar recursos al bienestar social
En el Congreso de la Ciudad de México, la diputada Xóchitl Bravo Espinosa defendió la aprobación de la reforma al Artículo 127 de la Constitución, con la que se pretende poner un límite a las llamadas “pensiones doradas”, consideradas un privilegio para unos cuantos dentro del sector público.
La legisladora señaló que estas pensiones y jubilaciones excesivas representan un uso indebido del poder, ya que han permitido la construcción de beneficios económicos desproporcionados financiados con recursos públicos.
Recursos se destinarían a obras y programas sociales
Durante su intervención, la coordinadora de Morena destacó que el objetivo central de esta reforma es garantizar una mejor distribución del gasto público, permitiendo que los recursos recuperados se conviertan en obras públicas, servicios y programas sociales en beneficio de la mayoría de la población.
“No más pensiones de un millón de pesos mensuales”, enfatizó, al subrayar que los cargos públicos deben entenderse como una responsabilidad y no como un mecanismo para asegurar privilegios económicos de por vida.
Un cambio alineado con la Cuarta Transformación
Bravo Espinosa recordó que este ajuste forma parte de las políticas impulsadas desde la Cuarta Transformación, iniciadas durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuando se eliminaron las pensiones a exmandatarios.
Asimismo, afirmó que bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, se busca profundizar esta política para garantizar que el recurso público beneficie a las mayorías y no a grupos privilegiados.
Nuevo límite: nadie puede ganar más que el Presidente
La reforma establece un principio clave: ninguna pensión o jubilación financiada con recursos públicos podrá superar la remuneración de la persona titular de la Presidencia de la República.
De acuerdo con la legisladora, este criterio responde a un enfoque ético y político que busca evitar excesos y fortalecer la equidad en el uso del gasto público.
Defensa de los derechos sociales
La diputada insistió en que la medida no afecta el derecho a una pensión, sino que busca eliminar los abusos, garantizando que los beneficios lleguen a quienes más lo necesitan.
Con ello, dijo, se reafirma el principio de que “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, orientando los recursos hacia el bienestar colectivo.
