La legisladora acusa infiltración, financiamiento a grupos de choque y uso político de la protesta.
Desde tribuna del Congreso de la Ciudad de México, la diputada Xóchitl Bravo Espinosa, coordinadora de Morena, llamó a defender el derecho legítimo a la manifestación, al presentar un punto de acuerdo para que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía de la CDMX investiguen presuntos nexos entre Alejandro Moreno Cárdenas “Alito” y la dirigencia nacional del PRI con los hechos violentos registrados durante la marcha del 15 de noviembre.
Bravo advirtió que la protesta social no puede utilizarse como herramienta de confrontación política y señaló que lo ocurrido no fue un acto espontáneo, sino una operación organizada y planificada.
Asegura que hubo financiamiento a grupos de choque
En su intervención, la legisladora señaló que existen testimonios provenientes de militantes priístas que denuncian la supuesta contratación de grupos porriles y presuntos vínculos con el grupo delictivo conocido como “Los 300”. De acuerdo con esa versión, se habría destinado una suma millonaria para reclutar alrededor de 400 incitadores, aunque solo se habría concretado la participación de 100.
Bravo afirmó que dichos grupos ingresaron con herramientas, radios y sierras para provocar enfrentamientos con la policía y con manifestantes, lo que —dijo— evidencia una operación articulada y con fines desestabilizadores.
Señala red entre PRI, operadores políticos y células violentas
La coordinadora de Morena acusó que el PRI habría articulado recursos públicos para financiar operadores partidistas y grupos porriles históricos que, aseguró, han sido utilizados durante décadas como brazo de choque. Sostuvo que la intención fue criminalizar la protesta juvenil, disfrazar violencia de movilización social y generar caos político.
“Hoy pretenden revivir sus viejas prácticas, pero no se los vamos a permitir”, afirmó antes de que su tiempo en tribuna concluyera y se cortara el audio conforme al reglamento del Congreso.
