Icono del sitio

Romero reta a Sheinbaum: exige iniciativa que confirme orden judicial para geolocalizar

Anuncios

El dirigente del PAN, Jorge Romero Herrera, apuesta su cargo a demostrar que la “Ley Espía” autoriza la geolocalización en tiempo real sin orden judicial y reta a la presidenta Claudia Sheinbaum a aclararlo en la ley.

Contexto de la polémica

Durante el periodo extraordinario de sesiones del Congreso, Morena y sus aliados aprobaron un paquete de reformas de seguridad que, según la oposición, abre la puerta a prácticas de vigilancia masiva. El punto más controvertido es la modificación al artículo 183, que obliga a los operadores telefónicos a proporcionar la ubicación de sus usuarios “en términos que establecen las leyes”, sin mencionar expresamente la necesidad de una orden judicial.

El desafío de Romero

Desde la Ciudad de México (6 de julio de 2025), el líder panista lanzó un ultimátum:

Renuncio a la presidencia del PAN si ella puede demostrar que es falso que ahora la autoridad puede pedir tu ubicación en tiempo real sin orden judicial.”

Romero sostiene que el nuevo texto de la Guardia Nacional –tras la reciente reforma de su artículo 9– eliminó la frase “previa autorización judicial”, confirmando la denuncia de la oposición.

La respuesta de Sheinbaum

En su conferencia matutina del 4 de julio, Claudia Sheinbaum insinuó que Romero “renunciará muy pronto”, pues el artículo 183 supuestamente se apega “a las leyes aplicables”. El panista replicó con un video donde revisa, punto por punto, los cambios legislativos que –asegura– permiten la geolocalización sin orden judicial.

Nuevo reto y propuesta legislativa

Para zanjar la controversia, Romero planteó un segundo desafío:

“Mande usted una iniciativa donde quede perfectamente claro que para poder geolocalizar a una persona se requiere de orden judicial.”

Temor a un Estado totalitario

Romero advierte que México se encamina a “un Estado totalitario” si prosperan leyes que restringen libertades civiles. Como ejemplo, citó la norma aprobada en Puebla, que prevé sanciones para quienes publiquen contenidos críticos al gobierno en redes sociales.

Salir de la versión móvil