Nueva Ley de Telecomunicaciones no crea “espionaje estatal”: Waldo Fernández

El Senador por Nuevo León niega que sea una. “ley espía” y acusa a PRIAN de sembrar miedo para frenar la conectividad nacional

El Senado aprobó con 77 votos a favor y 30 en contra la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, mientras que la Cámara de Diputados la ratificó el 1 de julio con 343 votos a favor y 129 en contra. El dictamen sustituye a la norma de 2014, elimina la facultad de bloquear plataformas digitales y crea la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Entre sus ejes destacan:

  • Acceso universal a Internet como política social prioritaria.
  • Obligación de concesionarios a colaborar con autoridades en geolocalización en tiempo real, siempre con orden judicial.
  • Protección de derechos de audiencias y medidas antimonopolio en espectro y radiodifusión.

Waldo Fernández: “No hay espionaje, solo cumplimiento constitucional”

En un video difundido tras la aprobación, el senador Waldo Fernández recuerda que la polémica localización de líneas ya existe desde la reforma de 2014 en el artículo 190 y que el artículo 16 constitucional exige autorización de un juez. Califica de “falacia” la narrativa opositora del “PRIAN” que tilda la iniciativa de autoritaria y añade que “la mezquindad o ignorancia” desconoce la jurisprudencia de la Suprema Corte.

¿Por qué se habla de “ley espía”?

La oposición sostiene que la normativa da pie a un Estado de vigilancia masiva. Fernández responde que los operadores solo entregarán datos cuando lo ordene el Poder Judicial, tal y como ya ocurre hoy, y subraya que la reforma “no quita la propiedad privada ni bloquea redes sociales; garantiza conectividad para todos”.

Internet para todos y brecha digital

La nueva ley convierte la conectividad en derecho social. Fernández afirma que llegarán servicios a comunidades rurales, pueblos indígenas y zonas marginadas, tocando “intereses económicos detrás del PRI y PAN”.

Qué sigue

Una vez publicada en el Diario Oficial, la ATDT asumirá la regulación sectorial y se iniciará un plan de despliegue de infraestructura de banda ancha. Expertos advierten que el reto será financiar el ecosistema sin comprometer la competencia ni la privacidad de usuarios.

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