La nueva normativa crea la Agencia de Transformación Digital, obliga a registrar líneas móviles y desata un choque entre gobierno y oposición por posibles riesgos de censura.
Con 343 votos a favor, 129 en contra y cero abstenciones, el pleno aprobó en lo general y en lo particular la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, abrogando la norma federal vigente desde 2014. La minuta pasa ahora al Ejecutivo para su promulgación.
¿Qué cambia con la nueva ley?
- Se abroga la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2014
- Sustituye al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) como ente regulador.
- Prevé la creación de una Comisión Reguladora de Telecomunicaciones que fijará tarifas y vigilará la competencia.
- Establece que toda línea móvil deberá vincularse a la CURP del usuario para fortalecer la seguridad y combatir extorsiones.
- Entre otras cuestiones, garantiza el acceso al internet para toda la población; fortalece el derecho a la información y la accesibilidad a las telecomunicaciones de las zonas en marginación o de alta vulnerabilidad, mediante concesiones de uso social, comunitario o indígena exentándolas del pago de derechos.
Votación y ruta legislativa
La iniciativa ya había recibido luz verde del Senado, por lo que la aprobación de Diputados cierra el trámite en el Congreso. El presidente podría publicarla en el Diario Oficial esta misma semana; la mayoría de las disposiciones entrarían en vigor 180 días después.
Reacciones encontradas
- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que “no hay censura ni espionaje” y prometió salvaguardar la libertad de expresión.
- La oposición alertó sobre un “paso hacia el autoritarismo” y denunció que la ATDT podría concentrar demasiado poder sobre contenidos y datos de usuarios.
Lo que sigue para usuarios y empresas
Empresas de telecomunicaciones dispondrán de seis meses para adecuar sistemas y reportar bases de datos, mientras que los usuarios deberán verificar su identidad al renovar o contratar servicios móviles. Expertos anticipan impugnaciones ante la Suprema Corte, enfocadas en la eliminación del IFT y la posible vulneración de datos personales.
