La iniciativa busca cerrar el paso al crimen organizado y proteger la economía nacional, aunque genera debate por posibles afectaciones a derechos ciudadanos.
Con 74 votos a favor, 13 en contra y 19 abstenciones, el Senado de la República aprobó en lo general las reformas para prevenir operaciones con recursos ilícitos, las cuales fueron turnadas a la Cámara de Diputados para su análisis constitucional.
Objetivo: blindar el sistema financiero
La iniciativa plantea modificar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y el Código Penal Federal, con el propósito de reforzar la coordinación entre autoridades y cerrar espacios al ingreso de dinero del crimen organizado al sistema financiero mexicano.
Entre los puntos clave, se incorporan nuevas actividades vulnerables como el desarrollo inmobiliario, el uso de activos virtuales, fideicomisos, y se precisan las obligaciones de notarios y corredores públicos. Asimismo, se añaden definiciones esenciales como persona políticamente expuesta, beneficiario controlador, y cliente o usuario.
Debate por modificaciones al dictamen
Durante la discusión, la senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath presentó reservas para eliminar referencias al financiamiento al terrorismo, las cuales fueron aprobadas por el Pleno. Argumentó que ya existen disposiciones vigentes en el Código Penal Federal y tratados internacionales suscritos por México que regulan este delito.
Por otro lado, legisladores de oposición —de Movimiento Ciudadano, PRI y PAN— presentaron reservas a diversos artículos, las cuales fueron rechazadas por la Asamblea.
Posturas encontradas entre legisladores
Desde Morena, el senador Óscar Cantón Zetina calificó la reforma como un “combate ético y político” para debilitar al crimen organizado. En contraste, la senadora Guadalupe Murguía, del PAN, alertó sobre riesgos para los derechos humanos, la privacidad y el secreto bancario.
Por el PRI, Claudia Anaya expresó que algunos artículos son excesivos y militarizan funciones civiles, al dar participación a la Guardia Nacional en investigaciones financieras.
El senador Luis Alfonso Silva Romo, del PVEM, defendió que se trata de una ley preventiva, no penal, mientras que Geovanna Bañuelos, del PT, argumentó que la iniciativa busca cerrar rutas financieras al crimen.
Finalmente, Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, criticó que se permita el acceso a datos personales y patrimoniales sin el debido control, lo que pone en riesgo la privacidad ciudadana.
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