Con el objetivo de garantizar un sistema de Fe Pública más eficiente, transparente y accesible, el senador por Nuevo León, Waldo Fernández González, presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar y adicionar los artículos 73 y 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La propuesta busca modernizar y fortalecer el sistema de Fe Pública, asegurando principios como la seguridad jurídica, la equidad en el acceso a los servicios notariales y la eficiencia en su regulación.
Actualmente, el sistema enfrenta diversas problemáticas, entre ellas la cobertura limitada de notarios públicos, la falta de transparencia y supervisión, la variabilidad en la regulación por estado, los costos inaccesibles y la ausencia de una legislación nacional uniforme.
“El sistema de Fe Pública juega un papel central en la confianza social y económica, ya que de su correcto funcionamiento depende la validez y autenticidad de innumerables actos y contratos que protegen los derechos y el patrimonio de la ciudadanía”, destacó el senador Fernández.
Puntos clave de la iniciativa
La propuesta contempla los siguientes ejes fundamentales:
- Facultar al Congreso para expedir una Ley General de Fe Pública, estableciendo principios homogéneos y garantizando la validez nacional de los actos jurídicos.
- Profesionalizar el sistema, exigiendo evaluaciones públicas y transparentes para acceder a la función notarial, sin vulnerar derechos adquiridos.
- Implementar un sistema de supervisión riguroso para asegurar la imparcialidad, eficiencia y ética de los fedatarios públicos.
- Eliminar trabas burocráticas, permitiendo que cualquier acto jurídico avalado por un fedatario federal tenga validez en todo el territorio nacional.
- Combatir la opacidad y prácticas discrecionales en la función notarial.
Asimismo, la iniciativa contempla que los fedatarios con una patente de al menos tres años puedan continuar ejerciendo, siempre y cuando aprueben un examen de evaluación equivalente al de oposición.
“El derecho a la seguridad jurídica no debe ser un privilegio, sino una garantía efectiva para todas y todos los mexicanos. Con esta reforma, avanzamos hacia un sistema más justo, accesible y moderno”, concluyó Fernández.
