El pleno el Congreso local aprobó el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y de Administración y Procuración de Justicia a la iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Constitución Política de la Ciudad de México, en materia de reforma al Poder Judicial.
La iniciativa propuesta por los grupos parlamentarios MORENA, PT, PVEM, PRD y asociaciones parlamentarias Progresista de la Transformación y Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente, responde a la obligación como poder legislativo de aplicar las adecuaciones legislativas necesarias para alinear la normatividad local al mandato federal.
Al fundamentar el dictamen, a nombre de las comisiones dictaminadoras, la diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho (PAN) recordó la publicación en el Diario Oficial de la Federación, el domingo 15 de septiembre pasado, del decreto por el que se reforma, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Carta Magna en materia de reforma al poder judicial, que en el segundo párrafo de su artículo VIII transitorio señala que las entidades federativas tendrán un plazo de 180 días naturales a partir de su entrada en vigor para realizar adecuaciones a las constituciones locales.
La legisladora reiteró su responsabilidad como presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, de cumplir a cabalidad, y dijo que lo que hoy se aprueba significa que no se tendrá justificación para sus fallas o excesos porque se cumple con el papel institucional, pero estará pendiente como representante popular para rectificar alguna mala conducta o abuso.
Señaló que durante el análisis de la iniciativa se detectaron algunas áreas de oportunidad de fondo, cuyo único afán fue mejorar este instrumento y llevarlo al nivel que esta ciudad capital requiere, para seguir haciendo valer el trabajo institucional y la colaboración entre los poderes públicos de la ciudad.
Indicó que durante el análisis, estas áreas de oportunidad fueron atendidas y se agregó la palabra “ordinario” al numeral 2 apartado f) del artículo 25, para mayor precisión, respecto del proceso extraordinario al que refiere la reforma. Asimismo, se consideró procedente la modificación al artículo 50 numeral 1 para agregar la elección de personas magistradas y juzgadoras a las tareas constitucionales del Instituto Electoral de la Ciudad de México.
En cuanto al transitorio segundo que se refiere a los porcentajes de totalidad de personas que participan en el proceso electoral extraordinario, las dictaminadoras valoraron que era atribución del poder judicial la determinación de dichos puntos porcentuales compatible con el mandato del artículo 8o transitorio del decreto de reforma constitucional en la materia de poder judicial referido.
Respecto al artículo transitorio séptimo, que refiere a los recursos que se obtendrán derivados de la liquidación de fideicomisos, fondos, mandatos y/o contratos cuyo destino será el resguardo y administración por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas local, las dictaminadoras consideraron importante conocer el origen y destino de esos recursos en cada momento presupuestal de cierre y cuenta pública de 2024, así como su destino de gasto en 2025.
Además, se agregó un último párrafo para que fuera obligación de la SAF adicionar un apartado especial en sus informes donde se contenga el origen y destino de los recursos que le fueron informados de la disolución de fideicomisos, contratos, acuerdos y otros instrumentos que generaron recursos, con el fin de abonar a la transparencia y rendición de cuentas y el derecho a la información de todas y todos.
El dictamen fue aprobado en lo general y los artículos no reservados en lo particular con 49 votos a favor, 15 votos en contra y cero abstenciones.