Pedro Hugo Montero
La semana pasada, en Xochimilco, la Ciudad de México fue testigo de uno de los episodios de represión más violentos que han ocurrido recientemente, desnudando la incapacidad y complicidad de las autoridades para gestionar un conflicto social. Lo que comenzó como una manifestación pacífica en defensa de Hortensia Telésforo, defensora comunitaria, derivó en agresiones físicas y desapariciones forzadas, dejando una estela de indignación por la brutalidad policial y la inacción oficial. La participación de niños y adultos mayores en la protesta hizo aún más indignantes los hechos, donde la violencia fue dirigida contra pobladores que exigían justicia y la devolución de una biblioteca comunitaria.
El jefe de gobierno, Martí Batres, ha intentado desvincularse de la violencia, subrayando en repetidas conferencias que su administración «rechaza la violencia venga de donde venga» ¿es neta?
Sin embargo, lo que el discurso oficial no logra ocultar es la colusión implícita entre las fuerzas del orden y los grupos de choque que agredieron a los manifestantes. Testimonios recogidos de los asistentes hablan de la inacción policial ante ataques de hombres armados, quienes actuaron con total impunidad, y la posterior desaparición de varias personas, entre ellas Penélope Galicia Argumedo “Mayahuel”, integrante de Radio Zapote.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), encabezada por Pablo Vázquez, que Clara Brugada ratificará, fue señalada por su ineficacia, ya que lejos de proteger a los manifestantes, permitieron que los agresores actuaran libremente. Peor aún, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha sido acusada de negligencia, al no judicializar adecuadamente los casos de represión y abuso, dejando a las víctimas sin acceso a la justicia, aunque en su defensa Batres pidió “que no se judicialice” a pesar de ser un órgano “independiente”.
La Represión al Detalle: Testimonios que Denuncian los Abusos
Según lo documentado por varios medios, la violencia ejercida no solo incluyó golpes y arrestos arbitrarios, sino que algunos manifestantes fueron víctimas de abusos sexuales y robo de sus pertenencias. Elizabeth Díaz, periodista agredida durante la manifestación, relató cómo fue despojada de su equipo mientras cubría los hechos. Testigos afirmaron que la policía se retiró estratégicamente, dejando vía libre a los grupos violentos que atacaron con gas lacrimógeno a los manifestantes, incluyendo a mujeres y niños.
La situación escaló hasta el punto de que varias personas defensoras de derechos humanos y comunicadoras fueron víctimas de desaparición forzada frente a la Alcaldía de Xochimilco. En respuesta, las exigencias de la comunidad incluyen el retiro inmediato de las denuncias penales contra los detenidos y que las autoridades asuman su responsabilidad por estos actos de represión.
Un Gobierno Omiso y Ciegamente Violento
Martí Batres y su gobierno, en lugar de tomar medidas concretas para resolver el conflicto mediante el diálogo, optaron por condenar la violencia de manera superficial, sin abordar la raíz del problema ni asumir la responsabilidad de los hechos. A pesar de las denuncias y el eco que los medios han hecho sobre las atrocidades cometidas, hasta ahora no ha habido respuestas claras por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ni de la Fiscalía, se teme que en la reconstrucción de los hechos, juntos armen un montaje para que los agredidos sean encontrados culpables.
Lo que Xochimilco ha dejado claro es que la falta de capacidad del gobierno capitalino para gestionar conflictos, sumada a la violencia institucionalizada y la negligencia, sólo aumenta la desconfianza hacia las autoridades. Este episodio refleja no solo el deterioro del estado de derecho, sino también el uso de la fuerza como herramienta para sofocar demandas legítimas de justicia.
